Movimiento Ciudadano impulsa reformas para fortalecer la política ambiental de Yucatán
Movimiento Escucha reúne a ciudadanía, colectivos, organizaciones ambientales y especialistas para construir propuestas.
No más casos como el de las dunas.
Mérida, Yucatán 24 de agosto de 2026.— Movimiento Ciudadano realizó el taller “Movimiento Escucha: Por una política ambiental, protegiendo ecosistemas”, un espacio de diálogo con ciudadanía, colectivos, organizaciones ambientales y especialistas para construir propuestas que fortalezcan la evaluación de impacto ambiental en Yucatán.
El encuentro fue organizado por Marianela Villasuso Villanueva, Secretaria Nacional de Asuntos Ambientales; Mariana Zepeda Lahud, integrante de la Comisión Operativa Estatal; y Paola Ríos-Covian Basto, Secretaria de Asuntos Ambientales de Movimiento Ciudadano Yucatán.
Durante el taller se analizaron los principales retos ambientales del estado y la necesidad de garantizar mayor acceso a la información, participación ciudadana y transparencia en las decisiones que afectan el territorio.
La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano Yucatán, Vida Gómez Herrera, destacó que la participación ciudadana es indispensable para reformar las leyes locales y prevenir afectaciones ambientales.
“Las autoridades no pueden seguir esperando que haya un daño y la ciudadanía levante la voz para actuar”.
Por su parte, el diputado Javier Osante Solís señaló que existen problemáticas que pudieron evitarse con el cumplimiento del marco jurídico y se comprometió a presentar, junto con la diputada Larissa Acosta, las modificaciones que surjan de este ejercicio ciudadano.
Marianela Villasuso Villanueva subrayó que la protección de la naturaleza requiere actuar de manera preventiva y sumar esfuerzos desde lo colectivo, para evitar decisiones que generen costos sociales y ambientales.
Las propuestas del taller serán integradas en un informe técnico que servirá como base para presentar una iniciativa de reforma a las leyes ambientales de Yucatán.
Para Movimiento Ciudadano, quienes viven y conocen el territorio deben participar en las decisiones sobre su futuro. Escuchar a la ciudadanía debe traducirse en leyes, acciones y resultados: no más casos como el de las dunas.
