Coordinación institucional y acciones firmes, clave para combatir delitos contra menores en Yucatán
Mérida, Yucatán.— El acceso a la justicia y la protección integral de niñas, niños y adolescentes son fundamentales para construir una sociedad más justa e incluyente, por lo que resulta indispensable la coordinación entre autoridades y ciudadanía para enfrentar la explotación sexual infantil, afirmó el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Hernán Vega Burgos.
En el marco de la presentación de la estrategia “Tarjeta Morada, Cero Tolerancia a la Explotación Sexual Infantil”, impulsada por el Gobierno del Estado en alianza con UNICEF, el magistrado subrayó que este problema representa uno de los retos más sensibles que afectan a la niñez, por lo que requiere compromisos firmes y acciones conjuntas.
“Como Poder Judicial estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo para que delitos como la trata de personas, el feminicidio y aquellos que afectan a menores sean castigados conforme a la ley. No hemos dejado de trabajar en ejercer las atribuciones que la normativa nos confiere”, expresó.
Vega Burgos destacó que desde el Poder Judicial del Estado se han impulsado acciones para fortalecer la capacitación del personal, con el objetivo de especializar la atención a niñas, niños y adolescentes y garantizar su acceso a la justicia con pleno respeto a sus derechos.
En ese sentido, recordó la reciente puesta en funcionamiento de un espacio en la sede judicial de Tekax, que opera como Sala Especializada para la Participación Infantil y Adolescente (SEPIA) y como Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (SAPCOV).
El magistrado explicó que estas instalaciones están diseñadas para asegurar procesos de escucha adecuados y apegados a protocolos especializados, salvaguardando la seguridad, la integridad emocional y los derechos de las personas usuarias.
Asimismo, destacó que la sala cuenta con un sistema de registro audiovisual que permitirá evitar la revictimización al reducir la repetición innecesaria de entrevistas o audiencias, además de facilitar el acceso a las declaraciones para las y los operadores jurídicos durante los procesos judiciales.
