Una justicia que escucha, protege y comprende a las personas
Mérida, Yucatán, 29 de septiembre de 2026.- El Poder Judicial del Estado fortalece de manera permanente sus mecanismos, infraestructura y servicios para que cada persona que vive en Yucatán pueda ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, con dignidad y sin barreras.
Como parte de esta visión de una justicia cercana, humana e incluyente, que impulsa la administración que encabeza la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, se han consolidado espacios especializados para atender a niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, bajo las metodologías que permiten generar condiciones adecuadas para su participación en los procesos judiciales.
En el marco del Informe Anual de Actividades 2025, se reportó que, al cierre de 2025, el Poder Judicial contaba con 8 salas especializadas, en las que fueron atendidas 425 niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de personas que, en momentos particularmente difíciles de sus vidas, pudieron expresar lo que les ocurrió en un espacio seguro, con el acompañamiento de personal especializado y sin tener que enfrentar cara a cara a quien les hubiera causado daño.
Actualmente, el número de estos espacios se incrementó a 10 salas especializadas, con la habilitación de instalaciones en las sedes judiciales de Progreso y Tekax, mientras se encuentra en proceso de construcción una sala especializada en el Juzgado Sexto con sede en Mérida.
En materia de protección frente a la violencia, durante el periodo informado se dictaron 850 medidas de protección, en apego a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su homóloga en el Estado.
Estas medidas fueron otorgadas a mujeres, hombres custodios de sus hijas e hijos menores de edad, personas adultas mayores y menores de edad que pudieron encontrarse en situación de violencia, con el propósito de salvaguardar su integridad física y emocional.
De igual forma, el Poder Judicial trabajó también en la actualización de su Protocolo de Actuación para la Emisión de Órdenes de Protección, propuesta que incorpora las perspectivas de los órganos jurisdiccionales y de diversas instancias especializadas, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia de género.
El objetivo es que quien solicite protección pueda recibirla de manera oportuna, con criterios claros y sin importar el juzgado al que acuda, fortaleciendo una justicia con enfoque de derechos humanos y protección integral.
Y para garantizar el acceso incluyente a la justicia también es importante reconocer y atender la diversidad lingüística y cultural de Yucatán, por lo que durante 2025 fueron designados 308 intérpretes en lengua maya para las personas justiciables que requirieron este servicio, garantizando su derecho a ser asistidas por un perito traductor con conocimiento de su lengua y cultura.
Desde el inicio de la actual administración se trabaja además en el diseño y planeación para incorporar auxiliares especializados en interpretación maya-español como parte de la estructura organizacional del Poder Judicial. Además, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se encuentran en proceso de certificación 7 servidores judiciales, entre ellos un juez de primera instancia, quienes próximamente podrán prestar estos servicios en los juzgados.
La inclusión también significa acercar los servicios judiciales a las comunidades y como parte de esta estrategia, durante 2025 se impulsó la designación de Jueces de Paz mediante procesos transparentes de convocatoria pública, con un total de 84 nombramientos en igual número de municipios.
Con ello, se fortalece la posibilidad de atender conflictos vecinales y asuntos de menor complejidad desde las propias comunidades, evitando desplazamientos innecesarios y acercando la justicia a las personas.
Para tener una justicia accesible también es necesario ofrecer alternativas para resolver los conflictos sin necesidad de prolongar los procedimientos judiciales, por lo que durante el año que se informa se otorgaron 106 certificaciones de facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias en diversas materias.
En ese mismo periodo se iniciaron 2,763 asuntos, de los cuales 1,817 concluyeron satisfactoriamente mediante convenios, acuerdos o acuerdos reparatorios, lo que representa el 65.76% del total.
